Como en una contrarreloj, España tendrá que aplicar plenamente la legislación de la UE para unificar el mercado de gas y de electricidad. Por dictamen motivado de la Comisión Europea, el procedimiento de infracción alcanza su segunda fase, es decir, tiene dos meses para aumentar la transparencia e interconexión de los mercados energéticos y, en definitiva, garantizar que los consumidores puedan elegir entre varias compañías abastecedoras y a precios razonables.