Esto se debe a que las denuncias que pueden hacer las empresas y la patronal son de distinta naturaleza. Las compañías denunciarán la pérdida patrimonial que implica una rebaja del 3% de la tarifa de acceso que, unida a una subida del 4,2% del coste de la energía (TUR), ha dado como resultado una tarifa final cero. Por su parte, Unesa alegará incumplimiento del trámite administrativo de audiencia ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ya que, aunque el órgano regulador aprobó el dictamen preceptivo de la propuesta de orden de tarifas que Industria le envió a mediados de junio, el contenido de la orden que finalmente publicó el BOE el 30 de junio es muy diferente al primer borrador.

Frente a una subida de la tarifa de acceso del 10% para los domésticos y del 5% para la industria en horas punta, la orden ministerial que entró en vigor el 1 de julio establece una reducción del 3% para los consumidores domésticos acogidos a la TUR y una congelación para el resto.

De momento lo que no se sabe son las fechas del proceso, ya que es posible que compañías y patronal apuren al máximo el plazo para presentar el recurso –superior a un mes– a la espera de nuevas noticias sobre el pacto energético que el Gobierno va a negociar con el Partido Popular y con el que ha justificado la congelación de la tarifa eléctrica en el segundo semestre del año. Si el resultado de este acuerdo convence a todos, podrían retirarse los recursos, aunque aseguran que necesitan o un aumento de las tarifas o una rebaja de los costes.

Por otra parte, y ante el acuerdo alcanzado con eólica y termosolar por el que finalmente no se aplicará la retroactividad del recorte de las primas, las eléctricas temen que esto se traduzca en impuestos sobre las nucleares o la hidráulica.

El primer texto y su revisión
Un borrador ya revisado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) fijaba un alza del 10% para los peajes de acceso a las redes que, cruzados con el resultado de la subasta Cesur (que marca el precio de la energía), determinaría el precio final, que Industria había estimado en un 4%. Del resultado de esta subasta terminó derivándose una subida de la luz del 7%, más la correspondiente del IVA. Algo que ha llevado a la congelación de la tarifa.

Por otra parte, la propia CNE recomendó al revisar la propuesta de subida inicial que Industria analizase en profundidad las partidas de retribución con el objetivo de que el consumidor pague sólo por los costes “realmente incurridos” y para que los agentes reciban una “retribución adecuada”. El organismo advertía también de que la evolución de los costes del sector depende en gran parte del comportamiento de la demanda de los clientes de baja y media tensión, precisamente aquellos sobre los que hay una mayor incertidumbre sobre su capacidad para recuperar el consumo, ya que son los que soportan mayores subidas de tarifas desde el año 2007.

La CNE, por otra parte, se mostró contraria a suprimir el alquiler de contadores y aplicar penalizaciones a los consumidores que no dispongan de un interruptor de control de potencia (IPC).

Por V. Ramos